Pedro Sánchez intenta sobreponerse del «shock» con un golpe encima de la mesa que le permita zanjar la disputa con la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno ha convocado para esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario en el que se debatirá, y previsiblemente se ratificará, la aprobación de un estado de alarma en la Comunidad de Madrid.
La decisión se precipitó después de que en la mañana del jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbase el marco legal utilizado por el Gobierno para imponer la pasada semana unas restricciones que suponían una limitación a la movilidad de más de cinco millones de madrileños. La decisión judicial se traduce en rapapolvo jurídico, incertidumbre sanitaria y varapalo político. Durante horas el Gobierno quedó noqueado, a la vez que se impulsaba la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien en La Moncloa consideraban en los últimos días poco menos que amortizada políticamente.
Ante esta decisión judicial, y pese a que en primer momento se apostaba por la negociación con la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno decidió durante la tarde proceder a la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para el día de hoy con el fin de aplicar el estado de alarma. No obstante, todavía queda una puerta abierta para que este instrumento excepcional no se utilice. Fuentes gubernamentales aseguran que «está todo preparado para que haya Consejo de Ministros y se decrete, pero el presidente del Gobierno ha hablado con Isabel Díaz Ayuso y la presidenta regional le ha pedido un poco de tiempo».
Así, la hora final de la convocatoria queda pendiente de un posible contacto en la mañana de este viernes entre los dos líderes y del margen que el Gobierno conceda finalmente a la Comunidad de Madrid. Varias fuentes del Ejecutivo confirmaron a ABC este extremo al filo de las 22 horas, aunque en ese momento varios ministros aseguraban no haber recibido todavía la confirmación oficial de la convocatoria. Moncloa lo confirmaba de forma oficial una hora después. La convocatoria abordará una decisión que el Gobierno no se atrevía a tomar hasta ahora por la incertidumbre que genera el tener que necesitar, dentro de dos semanas, la ratificación del Congreso.
Ayuso tiene tres opciones
A lo largo de la tarde, el presidente del Gobierno mantuvo dos conversaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En la primera, según explica el Gobierno, Sánchez trasladó que solo quedan tres opciones encima de la mesa tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La primera es «que la Comunidad de Madrid dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública». Esta es la única opción que no contempla el estado de alarma.
Porque la segunda opción es que Ayuso solicite la declaración del estado de alarma «para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión». De no hacerlo, y ésta es la tercera opción, será el Gobierno de España quien declare el estado de alarma «sin necesidad de que se formule previamente una solicitud».
Un miembro del Ejecutivo que se encuentra en el núcleo de la toma de decisiones explicaba en la noche de ayer a ABC que si la presidenta «proporciona garantías de que va a mantener las medidas», con esa orden al amparo de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la situación podría encarrilarse. Pero advierte que, de lo contrario, si la actitud de Díaz Ayuso no es nítida en este sentido, «protegeremos las medidas con el estado de alarma».
Incertidumbre y tiempo extra
Desde el Gobierno quieren anticiparse a las críticas de que el estado de alarma supondría un shock económico adicional, similar al de la primavera. Por eso, se aclaraba anoche que, en cualquier caso, las medidas que se adoptarían bajo el nuevo paraguas legal «serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando», y lo único que cambiaría sería el instrumento jurídico que permite adoptarlas. Es decir, no iríamos a un confinamientos duro como en los meses de marzo y abril, sino que se trataría de dar un nuevo soporte a la realidad de los últimos días y a las medidas adoptadas en la orden ministerial que fue publicada en el BOE.
Desde La Moncloa explicaban también ayer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, ha pedido tiempo al presidente del Gobierno. «Será hasta mañana por la mañana», aseguraron en el Gobierno. Fuentes de la Comunidad de Madrid, por su parte, insisten en su propuesta de zonas básicas sanitarias y en un primer momento apuntaban a una reunión para intentar buscar una solución consensuada.
En un primer momento se trasladó la idea de que la reunión del Gobierno arrancaría a las 8.30 de la mañana. Con el objetivo también de proteger la agenda del presidente, que tiene previsto para el día de hoy varios actos en Barcelona en compañía del Rey Felipe VI y con los que se pretendía zanjar la polémica de las últimas semanas. Esa agenda quedó en el aire con la evolución de los acontecimientos, pero el Gobierno aseguraba ayer que la visita se mantenía. Y esta mañana la Secretaría de Estado de Comunicación ha confirmado oficialmente que el presidente del Gobierno mantiene su agenda y viajará a Barcelona.
Aunque no habrá por tanto reunión entre Ayuso y Sánchez, ante la petición de tiempo extra demandada por la presidenta regional el Gobierno accedió a trasladar la hora del Consejo de Ministros hasta las 12 del mediodía. No obstante la cita no se ha convocado formalmente. Si Ayuso finalmente no acepta aplicar una orden amparada en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la aplicación del estado de alarma sería inminente. En ese caso se reuniría el Gobierno de inmediato bajo la presidencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, como sucede siempre que el líder del Ejecutivo no se encuentra en Madrid o tiene agenda en paralelo.
Durante la tarde del jueves la incertidumbre, el debate y las dudas entre los propios miembros del Gobierno era máxima. «En estado de alarma permanente no puede estar un país», reflexionaba un miembro del Ejecutivo en conversación con este diario. Tras conocerse el fallo judicial, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció su predisposición a reunirse en la tarde de ayer con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el seno del Grupo Covid-19 que reúne a los dos ejecutivos. Pero ese encuentro finalmente no se produjo, postergado por reuniones técnicas. El Ministerio de Sanidad asegura que el Ejecutivo regional propició que ese encuentro no se celebrase. Fue entonces cuando Sánchez decidió tomar el control y llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con las tres opciones.
