Este es el principal escollo a salvar en las negociaciones para la prórroga de aquellos ERTE. Gobierno y sindicatos rechazan que se pueda despedir a causa del Covid en aquellas empresas que se están beneficiando de las ayudas públicas contra la pandemia.
En este punto parece que no hay fisuras en el gobierno de coalición. La Ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado públicamente que “nadie duda ni por un segundo de que evidentemente el apoyo público tan importante para la financiación de todas las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad y prestaciones que se pagan a los trabajadores cubiertos por ERTE no pueden en última instancia servir para procesos de despidos más adelante”.
De este modo, el área económica del gobierno respalda la postura inflexible que ha mantenido la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que la prórroga de los ERTE, que termina el 31 de enero, mantenga el esquema actual con el compromiso de las empresas de mantener el empleo durante seis meses si se acogen a un ERTE, asi la “prohibición” de despedir, de repartir dividendos y de realizar horas extraordinarias.
Sindicatos y Gobierno defienden que el volumen de recursos públicos que se está destinando a la protección del empleo con los ERTE y al abaratamiento de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social exigen una contraprestación a las empresas: mantener el empleo durante seis meses
Tras el fracaso de las reuniones que mantuvieron los agentes sociales esta semana, el Secretario General de CCOO, Unai Sordo, ha declarado que las organizaciones empresariales “están pretendiendo presionar para reducir los compromisos de mantenimiento del empleo” bajo el argumento de que de lo contrario, se destruirán miles de puestos de trabajo. En opinión de los responsables de las organizaciones sindicales, sostener el empleo con ayuda de los ERTE y proteger las rentas de los trabajadores es fundamental para salir de la crisis.
Tras la negativa de gobierno y sindicatos a aceptar modificaciones en las actuales limitaciones al despido durante un ERTE, las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME aún no han decidido si se retirarán o no de las próximas reuniones para la prórroga de los ERTE.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defiende la necesidad de modificar algunos aspectos del compromiso de mantenimiento del empleo actual y advierte que “nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla. Esto ya no es marzo y las empresas tienen problemas de solvencia. Lo que no puede ser es que si despiden, se las obligue a devolver todas las exenciones por haberse acogido a un ERTE cuando sería más lógico devolver la parte de esa persona que pudiera salir fuera, porque si no, en lugar de consolidar puestos de trabajo, vamos a destruir muchos más”.
En la actualidad, las empresas que se acogen al sistema de los ERTE están obligadas a mantener el empleo, sin despidos a causa del covid, durante al menos los 6 meses posteriores al reinicio de la actividad.
Si incumplen este compromiso, aunque sea despidiendo a un solo trabajador, deberán devolver a la Seguridad Social las exoneraciones de cuotas empresariales de las que se han beneficiado, y no solo las del trabajador despedido, sino las del conjunto de toda la plantilla. Este es el compromiso que las asociaciones empresariales ven imposible de cumplir, porque en muchos sectores que se han quedado sin actividad desde hace meses es “ilusorio” poder mantener indefinidamente a toda la plantilla.
Garamendi pone como ejemplo lo que ha sucedido con el sector turístico. Frente a los 80 millones de turistas que llegaban a España en un año normal, como consecuencia de la pandemia tan solo se recibieron el 16 millones de turistas, por lo que la facturación de empresas y autónomos se ha reducido más de un 70%. Otros sectores, como los más de 300.000 locales de hostelería, hoteles, el ocio nocturno, el alquiler de coches, etc han tenido que cerrar por orden administrativa y por ello es razonable pensar que el Estado debe compensarles a través del sistema de ayudas.
